“Hemos llegado a un momento decisivo de la humanidad”. Cuando Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas en 2015, pronunció estas palabras en la Asamblea General que aprobó la nueva agenda global del desarrollo sostenible —la Agenda 2030—, seguramente no era el primero en hacerlo. Cuántos momentos decisivos se han sucedido en el ONU sin demasiadas consecuencias reales. Sin embargo, nunca antes 193 estados habían consensuado una acción global concertada para resolver los grandes desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales, que interpelase a todos ellos de igual manera –rompiendo la tradicional lógica de recetas desde el Norte hacia el Sur– y les comprometiese a trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos comunes.
Si el alcance de los retos globales a los que pretende dar respuesta –niveles galopantes y al alza de desigualdad, desborde de los límites biofísicos del planeta, persistencia de niveles inadmisibles de hambre y pobreza, por mencionar algunos– no tiene precedentes, tampoco lo tiene una apuesta internacional como la agenda de desarrollo sostenible. Lo que desde algunas tribunas se ha calificado como el nuevo contrato social de la humanidad nacía como nuevo proyecto político a escala mundial, tan ilusionante como susceptible de defraudar si fracasaba: probablemente sea el último cartucho para poner al planeta en la órbita de la sostenibilidad.
Hoy se cumplen tres años de su aprobación y, como en todo aniversario, toca hacer balance. Aunque es una buena señal que buena parte de los países hayan presentado ya sus avances y desafíos ante Naciones Unidas (111 hasta 2018, y 42 lo harán en 2019), el nivel de apropiación es muy desigual. El carácter voluntario de su aplicación y la debilidad de los mecanismos de revisión y seguimiento están lejos de asegurar los niveles de compromiso y eficacia necesarios.
En nuestro país el nuevo Ejecutivo ha manifestado la voluntad de articular su programa de gobierno en torno a la Agenda 2030 y ha recogido algunas de las demandas de los distintos actores sociales y políticos que han visto en esta agenda una oportunidad para resolver los principales problemas del país (entre ellos un sector amplio de la sociedad civil organizada a través de la plataforma Futuro en Común). Así, el Plan de Acción presentado por el Gobierno en Naciones Unidas el pasado mes de julio apunta a la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible y apuesta por una buena gobernanza de la Agenda, incorporando entre otros avances la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible en el que se representen los distintos actores y territorios, la implicación del Parlamento y el nombramiento de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, dependiente de Presidencia.
Todo este andamiaje que comienza a estructurarse (habiéndose ya consumido la quinta parte del tiempo disponible) es condición necesaria pero no suficiente. A nadie se le escapa que por sí mismo no provocará cambio alguno. Para que la Agenda 2030 ejerza su impulso transformador y reoriente nuestras políticas de desarrollo hacia la justicia y la sostenibilidad, hace falta avanzar hacia un nivel de coherencia de políticas públicas sin precedentes en nuestro país. Si no, habremos caído en la tentación de una implementación más cosmética que transformadora, sin impacto reseñable.
Este marco del desarrollo nos ofrece la oportunidad de repensarnos como país, analizar en qué medida estamos en la buena senda para alcanzar sus objetivos. Con altura de miras y horizonte en 2030 tenemos que definir nuestro futuro y nuestra forma de estar en el mundo.
¿Queremos seguir siendo un país a la cabeza de pobreza infantil y paro juvenil en nuestro entorno, o virar hacia un modelo educativo inclusivo y corrector de desigualdades que inspire a otros países vecinos? ¿Queremos seguir siendo el país que vulnera los límites comprometidos de emisiones contaminantes o el que transformó su modelo energético optimizando su potencial renovable? ¿Queremos un país con una brecha salarial de género vergonzante que no reconoce el ingente valor social y económico que aportan las prestadoras de los cuidados que todas y todos necesitamos, o encarar de una vez por todas las causas estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres como regalo para las próximas generaciones? ¿El país de los recortes en políticas públicas estratégicas para la protección social, o el que reformó su sistema fiscal para hacerlo más justo, progresivo y redistributivo permitiendo aumentar los recursos disponibles para erradicar la pobreza y la desigualdad? ¿Preferimos el país que ningunea su política de cooperación o un país que ejerza un liderazgo internacional coherente con los derechos humanos en asuntos globales como las migraciones, el comercio de armas, el cambio climático, la actividad empresarial en el exterior o la fiscalidad?
La Agenda 2030, en su lectura más transformadora, puede ser un instrumento orientador del cambio que necesitamos, y su aterrizaje a nuestro contexto, el proyecto colectivo de país por el que todo el mundo se quiera arremangar. Para ello, su adecuación a nuestra realidad deberá plasmarse en una Estrategia de Desarrollo Sostenible ambiciosa, elaborada junto con todos los territorios y actores políticos, económicos y sociales —incluida la sociedad civil—, que con recursos y objetivos concretos establezca una clara hoja de ruta para la transformación hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más sostenible que mejore su huella social, política, económica y ambiental en el mundo.
Y tan importante como la puesta en marcha de medidas y políticas concretas que nos conduzcan a ello (como las propuestas de acción política planteadas por Futuro en Común), será establecer mecanismos de coherencia para asegurar que toda iniciativa parlamentaria y gubernamental se circunscriba a esta hoja de ruta que deberá marcar la Estrategia de Desarrollo Sostenible y los principios que lo rigen.
Casos como el de la venta de armas a Arabia Saudí ponen sobre la mesa el tipo de conflictos a los que recurrentemente se enfrenta cualquier gobierno. Cómo se posicionen ante ellos es lo que marcará la diferencia. Como dijo António Guterres al cierre del Foro Político de Alto Nivel el pasado mes de julio, “Plasmen la esencia de la Agenda 2030 en todo lo que hagan”.
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María González López es miembro del Observatorio ODS de Futuro en Común.
Este artículo se publicó en Planeta Futuro.
